VLADIMIR ROY CERRON ROJAS
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE
Candidato(a) presidencial por PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE en las Elecciones Generales del Perú 2026.
Plan de gobierno
63 propuestas en 4 dimensiones — Fuente: JNE
Dimensión Social
16 propuestas
Déficit de servicios sociales básicos (educación, salud, agua potable y saneamiento)
Garantizar los derechos sociales fundaméntales como responsabilidad indelegable del Estado, asegurando acceso universal, gratuito y dé calidad a educación, salud, agua potable y saneamiento.
• Cobertura de acceso a agua potable (%) • Cobertura de saneamiento básico (%) • Cobertura efectiva de servicios de salud (%) • Tasa de analfabetismo (%)
• 100 % de la población con acceso a agua potable al 2031 • 100 % de la población con saneamiento básico al 2031 • Cobertura efectiva de salud = 95 % al 2031 • Analfabetismo reducido a 0 % al 2031
Sistema educativo desigual, baja calidad y brechas territoriales
Construir una educación pública liberadora, inclusiva y de calidad, orientada a la formación integral, la identidad nacional y la igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos.
• Tasa de deserción escolar (%) • Cobertura educativa por nivel (inicial, primaria, secundaria) • Brecha de aprendizajes urbano–rural (%) • Ratio alumno/docente
• Reducir la deserción escolar a = 5 % al 2031 • Cobertura educativa universal en educación básica al 2030 • 100 % de cobertura en educación inicial (3–5 años) al 2030 • Reducir la brecha urbano–rural de aprendizajes en = 50 % al 2030
Infraestructura educativa precaria y brecha digital
Modernizar integralmente la infraestructura educativa pública, garantizando conectividad digital universal y condiciones dignas de aprendizaje en todo el territorio nacional.
• Porcentaje de instituciones educativas con infraestructura adecuada • Porcentaje de escuelas públicas con acceso a Internet • Porcentaje de escuelas con servicios básicos completos
• 0 % de instituciones con infraestructura precaria al 2030 • 100 % de instituciones educativas públicas con Internet al 2030 • 100 % de escuelas con agua, saneamiento y energía al 2031
Sistema de salud fragmentado, inequitativo y subfinanciado, agravado por la concentración privada y prácticas oligopólicas que encarecen los servicios, debilitan la rectoría del Estado y limitan el acceso oportuno y equitativo de la población a la atención en salud.
Implementar un Sistema Único de Salud universal, gratuito, preventivo e integrado, financiado y conducido por el Estado, que garantice atención oportuna y equitativa para toda la población, incorporando inversión privada de manera complementaria, estrictamente regulada y sin concentración oligopólica, subordinada al interés público y a la planificación sanitaria nacional.
• •Cobertura efectiva de salud (%) • Porcentaje de atenciones resueltas en el primer nivel de atención • Gasto público en salud como porcentaje del PBI • Gasto de bolsillo de los hogares en salud (%) • Participación de prestadores privados regulados dentro del Sistema Único de Salud (%) • Número de sanciones aplicadas por prácticas monopólicas u oligopólicas en el sector salud
• Cobertura universal de salud para toda la población al 2031, mediante el Sistema Único de Salud. • Como mínimo 80 % de atenciones resueltas en el primer nivel de atención, priorizando prevención y atención primaria. • Incrementar el gasto público en salud hasta alcanzar al menos 10 % del PBI, asegurando financiamiento sostenible del sistema. • Reducir el gasto de bolsillo de los hogares en salud a no más de 10 % al 2031. • Integrar prestadores privados al Sistema Único de Salud bajo contratos regulados, tarifas controladas y sin concentración de mercado. • Eliminar prácticas oligopólicas en el sector salud, mediante fiscalización efectiva y sanción a la concentración indebida de servicios y medicamentos.
Insuficiente infraestructura y personal de salud, con profundas brechas regionales, producto del desmantelamiento del Estado y la mercantilización neoliberal del sistema sanitario, que ha concentrado recursos en zonas urbanas privilegiadas y excluido a amplios sectores del país, vulnerando el derecho a la salud del pueblo, especialmente en regiones rurales, amazónicas y de frontera.
Reconstruir y fortalecer integralmente la red pública nacional de salud y el recurso humano sanitario, cerrando las brechas territoriales heredadas del modelo neoliberal mediante inversión pública prioritaria y planificación estatal, garantizando el derecho universal a la salud, la formación y especialización permanente del personal sanitario, y consolidando a los hospitales públicos como hospitales docentes, pilares de un sistema de salud público, gratuito y de calidad.
• Número de hospitales y centros de salud públicos operativos y equipados • Camas hospitalarias por 1,000 habitantes, desagregadas por región • Médicos por 10,000 habitantes, desagregados por región • Porcentaje de establecimientos de salud con equipamiento básico completo y personal suficiente • Brecha regional de infraestructura y recursos humanos en salud (%)
• Construcción y puesta en funcionamiento de 100 Hospitales Docentes Especializados y 1,000 centros de salud públicos a nivel nacional, priorizando regiones históricamente postergadas, al 2031. • Alcanzar como mínimo 3 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes en todas las regiones del país al 2031. • Lograr como mínimo 34 médicos por cada 10,000 habitantes, con distribución equitativa entre regiones al 2031. • Garantizar que la mayoría de establecimientos de salud cuenten con equipamiento básico completo y personal suficiente, asegurando funcionamiento efectivo del primer y segundo nivel de atención. • Reducir de manera sustantiva las brechas regionales en infraestructura y personal sanitario, priorizando zonas rurales, amazónicas y de frontera.
Predominio de un modelo de salud curativo, hospitalario y reactivo, heredado del enfoque neoliberal, que descuida la prevención, la atención primaria y el trabajo comunitario, generando altos niveles de enfermedades evitables, saturación hospitalaria y mayores costos sociales y económicos para el Estado y las familias.
Implementar un modelo nacional de salud preventiva y comunitaria, basado en el programa “Médicos de la Familia”, que garantice atención primaria integral, seguimiento permanente de las familias y comunidades, y acción preventiva sobre los determinantes sociales de la salud, fortaleciendo el primer nivel de atención como eje del sistema público de salud.
• Número de equipos de Médicos de la Familia implementados a nivel nacional • Porcentaje de familias adscritas a un equipo de salud familiar • Porcentaje de atenciones de salud resueltas en el primer nivel de atención • Tasa de hospitalizaciones por enfermedades prevenibles • Prevalencia de anemia y desnutrición infantil • Número de visitas domiciliarias preventivas realizadas
• Implementar el programa Médicos de la Familia a nivel nacional, priorizando zonas rurales, periurbanas y amazónicas al 2031. • Asignar un equipo de Médicos de la Familia a cada territorio definido, garantizando cobertura progresiva de la población. • Lograr que la mayoría de atenciones de salud se resuelvan en el primer nivel de atención, reduciendo la sobrecarga hospitalaria. • Reducir de manera sostenida las hospitalizaciones por enfermedades prevenibles, mediante prevención y seguimiento comunitario. • Disminuir significativamente la anemia y la desnutrición infantil, como resultado del enfoque preventivo, familiar y territorial. • Institucionalizar la visita domiciliaria preventiva como práctica regular del sistema público de salud.
Altos niveles de anemia, desnutrición infantil y mortalidad evitable
Reducir drásticamente la anemia, la desnutrición y la mortalidad evitable, mediante políticas preventivas, atención primaria fortalecida y acción intersectorial del Estado.
• Tasa de mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos • Tasa de mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos • Prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 5 años (%) • Prevalencia de desnutrición crónica infantil (%) • Porcentaje de gestantes con controles prenatales completos • Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con seguimiento nutricional regular • Porcentaje de atenciones preventivas resueltas en el primer nivel de atención
• Reducir la mortalidad materna a menos de 30 muertes por cada 100,000 nacidos vivos al 2031, priorizando regiones con mayor riesgo. • Reducir la mortalidad infantil a menos de 10 muertes por cada 1,000 nacidos vivos al 2031. • Reducir de manera sostenida la prevalencia de anemia infantil, priorizando niñas y niños menores de 5 años, con enfoque territorial. • Reducir de forma significativa la desnutrición crónica infantil, con intervenciones integrales de salud, nutrición, agua y saneamiento. • Garantizar que la mayoría de gestantes cuenten con controles prenatales completos y oportunos, fortaleciendo la atención primaria. • Institucionalizar el seguimiento nutricional infantil como práctica regular del sistema público de salud, con énfasis preventivo y comunitario.
Acceso limitado y desigual a la educación superior pública y técnico-productiva, producto del abandono del Estado y la mercantilización neoliberal de la educación, que obliga a la migración juvenil, incrementa la deserción por pobreza, concentra la oferta educativa en pocas ciudades y limita el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.
Democratizar el acceso a la educación superior pública y técnico-productiva como derecho fundamental, ampliando y fortaleciendo la oferta educativa estatal, descentralizando la educación superior hacia las regiones y articulándola con la industrialización, la soberanía productiva y el desarrollo nacional.
• Número de vacantes en universidades públicas • Número de universidades públicas regionales en funcionamiento • Número de institutos públicos técnico-productivos fortalecidos o creados • Distribución regional de la oferta de educación superior pública • Presupuesto público asignado a universidades e institutos públicos
• Incrementar de manera significativa las vacantes en universidades públicas, priorizando a estudiantes de regiones históricamente excluidas. • Crear y poner en funcionamiento entre 40 y 50 universidades públicas regionales, fortaleciendo la descentralización educativa antes del 2030. • Garantizar que todas las universidades públicas cuenten con presupuesto suficiente y funcionamiento pleno, asegurando gratuidad real y calidad educativa. • Fortalecer la educación técnico-productiva pública, garantizando al menos cinco(5) institutos público de excelencia por región, vinculado a las necesidades productivas locales y nacionales. • Reducir la migración juvenil por motivos educativos, mediante la ampliación de la oferta pública regional de educación superior.
Altos niveles de pobreza y pobreza extrema, y persistente desigualdad social, como resultado del modelo neoliberal que ha concentrado la riqueza, debilitado el rol redistributivo del Estado y negado derechos sociales fundamentales a amplios sectores del pueblo.
Reducir estructuralmente la pobreza y la desigualdad social, mediante la construcción de un Estado de bienestar con derechos sociales garantizados, redistribución de la riqueza, fortalecimiento de la protección social y generación de condiciones materiales para una vida digna del pueblo.
• Tasa de pobreza total de la población (%) • Tasa de pobreza extrema de la población (%) • Índice de desigualdad de ingresos (coeficiente de Gini) • Cobertura de programas de protección social (%)
• Reducir la pobreza extrema a niveles residuales al 2030, priorizando hogares en situación de mayor vulnerabilidad. • Reducir de manera sostenida la pobreza total, avanzando hacia niveles estructuralmente menores al 10 % al 2031. • Disminuir significativamente la desigualdad social, reflejada en la mejora del coeficiente de Gini. • Ampliar la cobertura efectiva de los programas de protección social, garantizando su articulación con empleo, vivienda y servicios básicos.
Alta informalidad laboral y precarización del empleo, producto del modelo neoliberal que debilitó los derechos laborales, promovió la flexibilización extrema y redujo la capacidad del Estado para fiscalizar, generando inestabilidad, bajos ingresos y desprotección social para la clase trabajadora.
Garantizar trabajo digno, estable y con derechos laborales universales, fortaleciendo la protección del Estado, la inspección laboral y la formalización productiva, como pilares para la justicia social, la dignificación del trabajo y el fortalecimiento del mercado interno.
• Tasa de informalidad laboral de la población ocupada (%) • Número de inspecciones laborales realizadas anualmente • Número de trabajadores incorporados a la formalidad laboral • Cobertura de derechos laborales y de seguridad social (%)
• Reducir la tasa de informalidad laboral del 70 % al 50 % al 2031, priorizando sectores con mayor precarización. • Incrementar de manera sustantiva la capacidad inspectiva del Estado, triplicando el número de inspectores y fiscalizaciones laborales de SUNAFIL. • Incorporar progresivamente a millones de trabajadores a la formalidad laboral, garantizando derechos laborales y acceso a seguridad social. • Fortalecer la fiscalización y sanción efectiva frente a la explotación laboral, especialmente en sectores de alta informalidad.
Debilitamiento de los derechos laborales y de la negociación colectiva, como consecuencia del marco laboral impuesto por el modelo neoliberal y la Constitución de 1993, que redujo el poder de negociación de la clase trabajadora, precarizó el empleo y limitó la acción sindical, afectando la justicia social y la democracia en el trabajo.
Restituir y fortalecer los derechos laborales y la negociación colectiva como pilares de la justicia social, la dignificación del trabajo y la democracia laboral, garantizando la organización sindical, la protección efectiva del trabajador y el rol activo del Estado en la regulación de las relaciones laborales.
• Número de convenios colectivos vigentes a nivel nacional • Cobertura de la negociación colectiva sobre la población trabajadora (%) • Índice de cumplimiento de derechos laborales • Número de organizaciones sindicales activas y registradas
• Aprobar una Nueva Ley General del Trabajo al 2026, que restituya los derechos laborales recortados y fortalezca la negociación colectiva. • Incrementar de manera sostenida el número y la cobertura de convenios colectivos en todos los sectores económicos, públicos y privados. • Fortalecer la protección efectiva de los derechos laborales, reduciendo las prácticas antisindicales y la vulneración de derechos fundamentales en el trabajo. • Garantizar condiciones legales y materiales para el ejercicio pleno de la libertad sindical, como base de la democracia en el ámbito laboral.
Sistema previsional excluyente y pensiones insuficientes, heredado del modelo neoliberal, que mercantilizó la seguridad social, dejó a millones de trabajadores y adultos mayores sin protección, y garantizó rentabilidad privada antes que una vejez digna para el pueblo.
Implementar un sistema universal de pensiones digno, solidario y público, garantizado por el Estado, que asegure ingresos suficientes en la vejez, elimine la exclusión previsional y forme parte de un sistema integral de protección social basado en derechos.
• Cobertura previsional de la población adulta mayor (%) • Monto promedio de pensión en relación con la línea de pobreza • Porcentaje de adultos mayores sin acceso a ningún sistema previsional • Participación del financiamiento público en el sistema de pensiones (%)
• Garantizar que la totalidad de adultos mayores cuenten con una pensión o ingreso básico garantizado al 2030, como derecho social. • Elevar progresivamente el monto de las pensiones, asegurando que se ubiquen por encima de la línea de pobreza. • Reducir sustancialmente la exclusión previsional, incorporando a trabajadores independientes, rurales y del sector informal. • Fortalecer el financiamiento público del sistema previsional, priorizando la solidaridad intergeneracional sobre el lucro privado.
Asentamientos humanos sin titulación ni acceso a servicios básicos, resultado del abandono histórico del Estado y de un modelo urbano neoliberal que mercantilizó el suelo, excluyó a los sectores populares y negó el derecho a una vivienda digna y a la ciudad a millones de familias trabajadoras.
Regularizar la propiedad urbana y transformar integralmente los barrios populares, garantizando seguridad jurídica, acceso universal a servicios básicos, infraestructura adecuada y condiciones de vida dignas, como parte del derecho a la vivienda y a la ciudad, bajo conducción y planificación del Estado.
• Número de títulos de propiedad urbana otorgados a familias de sectores populares • Porcentaje de asentamientos humanos con saneamiento físico-legal concluido • Número de barrios populares intervenidos integralmente (servicios, vías, equipamiento) • Cobertura de servicios básicos en barrios regularizados (%)
• Otorgar 500,000 títulos de propiedad urbana al 2030, priorizando asentamientos humanos y barrios populares históricamente excluidos. • Concluir el saneamiento físico-legal de los principales asentamientos humanos del país, avanzando hacia la eliminación progresiva de barriadas sin título. • Intervenir integralmente barrios populares, incorporando servicios básicos, infraestructura urbana y equipamiento comunitario. • Avanzar hacia la eliminación de asentamientos humanos sin seguridad jurídica, garantizando el derecho a la vivienda y a la ciudad.
Insuficiente cobertura y fragmentación de los programas sociales, producto de un enfoque asistencialista y focalizado heredado del modelo neoliberal, que limita la protección efectiva de la población en pobreza y pobreza extrema y no garantiza el ejercicio pleno de los derechos sociales.
Fortalecer y universalizar la protección social como derecho, priorizando a la población en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante un sistema articulado de programas sociales bajo rectoría del Estado, orientado a garantizar condiciones de vida dignas y reducir estructuralmente la desigualdad social.
• Cobertura efectiva de programas de protección social (%) • Número de hogares beneficiarios de programas sociales • Porcentaje de hogares en pobreza extrema cubiertos por el sistema de protección social • Nivel de articulación e integración entre programas sociales (índice de gestión social)
• Garantizar la cobertura total de los hogares en pobreza extrema por el sistema de protección social, asegurando atención integral y sostenida. • Ampliar de manera progresiva la cobertura de los programas sociales, avanzando hacia la universalización de la protección social basada en derechos. • Integrar y fortalecer los programas sociales bajo una estrategia nacional única, superando la dispersión y el asistencialismo. • Vincular los programas de protección social con empleo, salud, educación y vivienda, para reducir de forma estructural la pobreza.
Persistentes brechas de género, etnia y discapacidad, producto de un modelo social y económico excluyente que reproduce discriminación estructural, desigualdad en el acceso a ingresos, poder político y oportunidades, y niega el ejercicio pleno de derechos a mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.
Garantizar la igualdad sustantiva y efectiva, mediante políticas públicas y acciones afirmativas del Estado que eliminen toda forma de discriminación estructural por género, origen étnico o condición de discapacidad, asegurando participación equitativa, autonomía económica y acceso real al poder y a los derechos.
• Brecha salarial de género (%) • Participación de mujeres en cargos directivos y de alta responsabilidad pública (%) • Participación de pueblos indígenas en instancias de decisión pública (%) • Participación laboral y social de personas con discapacidad (%) • Existencia y cobertura de políticas públicas con enfoque de género, intercultural y de discapacidad
• Reducir de manera progresiva la brecha salarial de género hasta niveles residuales al 2030, garantizando igual remuneración por trabajo de igual valor. • Alcanzar la paridad de género en los altos cargos públicos, avanzando hacia una participación equilibrada de mujeres en la toma de decisiones del Estado. • Incrementar de forma sostenida la participación de pueblos indígenas en instancias de representación y gestión pública, con enfoque plurinacional e intercultural. • Ampliar la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, eliminando barreras estructurales y garantizando ajustes razonables. • Institucionalizar políticas públicas con enfoque de género, interculturalidad y discapacidad en todos los niveles de gobierno.
Acceso desigual y limitado a la educación superior pública, producto del abandono del Estado y de la mercantilización neoliberal de la educación, que concentra la oferta universitaria en pocas ciudades, restringe el ingreso de jóvenes de sectores populares y regiones, y reproduce desigualdades sociales y territoriales.
Fortalecer la universidad pública como pilar de justicia social y desarrollo nacional, ampliando y democratizando el acceso a la educación superior, incrementando vacantes, descentralizando la oferta universitaria hacia las regiones y garantizando gratuidad, calidad y pertinencia social de la formación académica.
• Número de vacantes en universidades públicas a nivel nacional • Distribución regional de vacantes en educación superior pública • Número de universidades públicas regionales creadas o fortalecidas • Presupuesto público asignado a universidades públicas (%) • Tasa de acceso a educación superior pública de jóvenes de sectores populares (%)
• Incrementar de manera sustantiva las vacantes en universidades públicas, avanzando hacia un aumento de al menos 50 % a nivel nacional. • Crear y poner en funcionamiento nuevas universidades públicas regionales, priorizando regiones históricamente excluidas, antes del 2030. • Garantizar el financiamiento suficiente y sostenido de las universidades públicas, asegurando gratuidad real y condiciones adecuadas de funcionamiento. • Reducir las brechas territoriales y sociales en el acceso a la educación superior pública, priorizando a jóvenes de zonas rurales, amazónicas y de menores ingresos. • Fortalecer el rol de la universidad pública en la investigación, la formación profesional y el desarrollo nacional, articulándola con las necesidades productivas y sociales del país.
Dimensión Económica
14 propuestas
Modelo económico primario-exportador, concentrado y vulnerable a choques externos
Transformar el modelo económico primario-exportador hacia una Economía Popular con Mercados, con un Estado planificador, industrializador y redistribuidor, que impulse la industrialización nacional, el valor agregado y la diversificación productiva.
• Participación de la industria manufacturera en el PBI nacional (%) • Participación del valor agregado industrial nacional en el PBI (%) • Número de cadenas productivas industriales estratégicas impulsadas por el Estado • Participación del empleo industrial en el empleo total (%) • Participación de insumos y producción nacional en sectores estratégicos (%)
• Incrementar la participación de la industria manufacturera al 20 % del PBI nacional al 2030. • Incrementar sostenidamente el valor agregado industrial nacional, priorizando sectores estratégicos y encadenamientos productivos internos. • Desarrollar al menos cinco cadenas productivas industriales estratégicas nacionales con liderazgo del Estado. • Incrementar de manera sostenida el empleo industrial formal a nivel nacional. • Reducir la dependencia de insumos importados en sectores estratégicos, fortaleciendo la producción nacional.
Infraestructura productiva y de comercialización agrícola insuficiente
Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria nacional, fortaleciendo los mercados internos, la infraestructura de acopio, comercialización y logística agrícola, priorizando el consumo interno sobre la exportación.
• Número de mercados mayoristas públicos implementados • Volumen de productos agrícolas comercializados en mercados internos (TM); Participación de pequeños productores en mercados internos (%) • Participación de pequeños productores en mercados internos (%).
• Mercados mayoristas operativos en todas las regiones al 2028 • Incremento del 50 % del volumen agrícola comercializado internamente al 2031 • Integración efectiva de pequeños productores al mercado nacional.
Baja productividad y tecnificación del sector agropecuario
Modernizar y tecnificar la agricultura nacional mediante asistencia técnica estatal, investigación, acceso a tecnología y crédito público, para elevar la productividad agrícola y mejorar los ingresos rurales.
• Rendimiento promedio agrícola (TM/ha) • Porcentaje de productores con asistencia técnica permanente • Número de proyectos de tecnificación agraria implementados
• Incrementar el rendimiento agrícola en 30 % al 2031 • Alcanzar 80 % de productores con asistencia técnica estatal • Tecnificación prioritaria en zonas de agricultura familiar.
Potencial turístico regional desaprovechado y concentrado
Desarrollar el turismo nacional y regional como actividad estratégica de desarrollo, empleo e identidad cultural, promoviendo circuitos turísticos descentralizados y turismo sostenible con participación comunitaria.
• Número de corredores turísticos regionales implementados • Ingresos por turismo regional (USD) • Empleo directo generado por turismo regional.
• Implementar 9 corredores turísticos regionales activos • Incrementar en 50 % los ingresos turísticos al 2031 • Generación sostenida de empleo turístico descentralizado.
Producción ganadera limitada y dependencia de importaciones alimentarias
Fortalecer la producción ganadera nacional mediante crianza tecnificada, apoyo estatal y organización comunitaria, reduciendo la dependencia de importaciones y garantizando seguridad alimentaria.
• Producción anual nacional de carne y pollo (TM) • Número de criaderos comunitarios operativos • Participación de producción nacional en consumo interno (%)
• Duplicar la producción nacional de carne y pollo al 2031 • Criaderos comunitarios operativos en todas las regiones • Reducción sustantiva de importaciones alimentarias
Alta informalidad laboral y productiva (˜70% de la PEA)
Formalizar progresivamente el empleo y la producción, garantizando derechos laborales, fortaleciendo la industria nacional y ampliando la base tributaria sin precarizar el trabajo.
• Tasa de informalidad laboral (%) • Número de trabajadores formalizados • Recaudación tributaria asociada a formalización (S/)
• Reducir la informalidad laboral al 50 % al 2031 • Incorporar millones de trabajadores a la formalidad • Incremento sostenido de la base tributaria laboral
Baja presión tributaria y sistema fiscal regresivo
Transformar el sistema tributario en un instrumento de justicia fiscal y redistribución de la riqueza, haciendo que los sectores de mayores ingresos y rentas extraordinarias contribuyan de manera efectiva al financiamiento del desarrollo nacional, eliminando privilegios tributarios injustificados.
• Presión tributaria como porcentaje del PBI • Recaudación tributaria total anual (S/) • Recaudación adicional proveniente de impuestos progresivos (S/) • Número de exoneraciones tributarias eliminadas o reformadas • Participación de impuestos directos en la recaudación total (%)
• Elevar la presión tributaria al 20 % del PBI al 2031, mediante una reforma tributaria progresiva. • Incrementar sostenidamente la recaudación tributaria, priorizando impuestos directos a grandes rentas y patrimonios. • Eliminar progresivamente las exoneraciones tributarias injustificadas, especialmente aquellas que benefician a grandes grupos económicos. • Aumentar la participación de los impuestos directos en la recaudación total, fortaleciendo la progresividad del sistema fiscal.
Falta de infraestructura hídrica y de riego para la producción agraria y energética
Desarrollar infraestructura hídrica multipropósito bajo liderazgo del Estado, orientada al riego agrícola, generación energética y control de inundaciones, para garantizar seguridad alimentaria, soberanía energética y desarrollo productivo nacional.
• Superficie agrícola incorporada con riego tecnificado (ha) • Capacidad instalada de generación hidroeléctrica renovable (MW) • Número de proyectos hídricos multipropósito ejecutados
• Incorporar 1 millón de hectáreas con riego tecnificado al 2030 • Incrementar la generación hidroeléctrica renovable en +1,500 MW al 2031 • Ejecución de proyectos hídricos estratégicos en todas las macrorregiones
Dependencia energética y limitada soberanía sobre recursos estratégicos
Recuperar la soberanía energética nacional, priorizando el abastecimiento interno, el control estatal de los recursos estratégicos y el acceso universal a energía asequible para la población.
• Número de conexiones domiciliarias de gas natural • Participación de la producción nacional de hidrocarburos en el consumo interno (%) • Número de lotes estratégicos bajo control estatal
• Alcanzar 1 millón de nuevas conexiones de gas natural al 2030 • Incrementar la participación de la producción nacional en el consumo interno • Petroperú operando al menos 3 lotes estratégicos al 2031
Matriz energética concentrada en combustibles fósiles y baja participación de renovables
Impulsar la transición energética soberana, diversificando la matriz energética con fuentes renovables y fortaleciendo el rol planificador del Estado en el sector energético.
• Participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional (%) • Capacidad instalada de energías renovables (MW) • Número de proyectos de energías renovables implementados
• Alcanzar 40 % de la matriz eléctrica con energías renovables al 2031 • Parques solares, eólicos y microhidroeléctricos operativos en todas las regiones • Reducción progresiva de la dependencia de combustibles fósiles
Tecnología industrial obsoleta y bajo valor agregado nacional
Impulsar la industrialización nacional descentralizada, con innovación tecnológica y liderazgo del Estado, para generar valor agregado, empleo digno y soberanía productiva.
• Participación de la manufactura en el PBI (%) • Número de polos industriales descentralizados implementados • Empleo industrial generado
• Incrementar la manufactura al 15 % del PBI al 2031 • Implementar polos industriales descentralizados en al menos 10 regiones • Generación sostenida de empleo industrial
Dependencia de importación de insumos estratégicos (fertilizantes, combustibles, manufacturas)
Desarrollar industrias estratégicas nacionales, bajo conducción estatal, para sustituir importaciones, fortalecer la soberanía productiva y generar empleo nacional.
• Producción nacional de insumos estratégicos (TM) • Reducción de importaciones estratégicas (%) • Número de industrias estratégicas estatales operativas
• Planta nacional de fertilizantes operativa al 2028 • Reducir la importación de fertilizantes y diésel en al menos 30 %, Consolidando la soberanía productiva, energética y alimentaria del país.
Altos costos logísticos y falta de integración productiva territorial
Integrar el territorio nacional mediante infraestructura productiva y energética estratégica, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la articulación económica interregional.
• Número de proyectos estratégicos de integración ejecutados • Reducción de costos logísticos interregionales (%) • Kilómetros de infraestructura estratégica construida
• Gasoducto Sur Peruano concluido antes del 2030 • Reducción significativa de costos logísticos interregionales • Integración productiva efectiva de todas las macrorregiones
Bajo desarrollo científico y tecnológico aplicado a la producción
Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo productivo, con inversión pública sostenida y descentralización del sistema nacional de innovación.
• Inversión en I+D(Investigación y Desarrollo) (% del PBI) • Número de centros de innovación productiva regionales • Proyectos de innovación productiva financiados
• Elevar la inversión en I+D al 1 % del PBI al 2031 • Centros de innovación productiva en todas las macrorregiones • Articulación efectiva entre Estado, academia y sector productivo
Dimensión Ambiental
11 propuestas
Alta vulnerabilidad climática y degradación ambiental, producto de un modelo extractivista y depredador que priorizó el lucro privado sobre la protección de la naturaleza, debilitó la capacidad del Estado para regular y expuso a las poblaciones más pobres y territorios vulnerables a los efectos del cambio climático.
Proteger el patrimonio natural y fortalecer la resiliencia climática del país, mediante el liderazgo activo del Estado, la regulación efectiva de las actividades económicas, la transición ecológica justa y solidaria, y la implementación de políticas de adaptación y mitigación con enfoque de justicia climática y territorial.
• Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) • Índice de vulnerabilidad climática a nivel nacional y regional • Porcentaje del presupuesto público destinado a adaptación y mitigación climática • Número de territorios vulnerables con planes de adaptación climática implementados
• Reducir de manera significativa las emisiones nacionales de GEI, avanzando hacia una disminución de al menos 30 % al 2030, en coherencia con compromisos climáticos y soberanía ambiental. • Disminuir progresivamente la vulnerabilidad climática del país, priorizando territorios rurales, amazónicos y costeros altamente expuestos. • Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático, implementando planes territoriales de resiliencia climática. • Garantizar una transición ecológica justa, protegiendo a las poblaciones más afectadas y evitando que los costos recaigan sobre el pueblo trabajador.
Deforestación acelerada en la Amazonía, provocada por actividades extractivas ilegales, expansión desordenada de la frontera económica y débil presencia del Estado, que amenaza la biodiversidad, los medios de vida de los pueblos amazónicos y la soberanía nacional sobre territorios estratégicos.
Detener la pérdida de bosques amazónicos y restaurar los ecosistemas forestales, garantizando la soberanía del Estado sobre el territorio, la protección efectiva de los pueblos indígenas y amazónicos, y una gestión sostenible de los bosques bajo liderazgo público y enfoque de justicia ambiental.
• Tasa anual de deforestación en la Amazonía (hectáreas por año) • Superficie de bosques amazónicos restaurados o reforestados (hectáreas) • Número de territorios indígenas con protección y vigilancia ambiental efectiva • Número de operativos estatales contra la tala y minería ilegal
• Alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonía al 2030, mediante control estatal efectivo y erradicación de actividades ilegales. • Reforestar y restaurar de manera sostenida los ecosistemas amazónicos, avanzando hacia millones de hectáreas recuperadas al 2031. • Fortalecer la presencia integral del Estado en territorios amazónicos, garantizando vigilancia ambiental, control territorial y protección de los pueblos indígenas. • Consolidar un modelo de gestión forestal soberano y sostenible, que priorice la conservación, el uso racional del bosque y el bienestar de las comunidades amazónicas.
Minería y tala ilegal con alto impacto ambiental, producto de la expansión de economías ilegales, la debilidad del control estatal y la captura de territorios por intereses privados ilícitos, que destruyen ecosistemas estratégicos, afectan a pueblos indígenas y socavan la soberanía del Estado.
Combatir frontalmente los delitos ambientales y erradicar las economías ilegales que depredan el territorio, recuperando áreas degradadas y fortaleciendo la fiscalización, el control y la presencia integral del Estado, en defensa del patrimonio natural, la soberanía nacional y los derechos de las comunidades afectadas.
• Número de operativos estatales contra minería y tala ilegal • Superficie de áreas degradadas recuperadas (hectáreas) • Número de Áreas Naturales Protegidas con control y vigilancia efectiva • Casos de delitos ambientales con sanción administrativa o penal
• Reducir de manera sostenida y progresiva las áreas afectadas por minería y tala ilegal, mediante operativos integrales y control territorial permanente. • Erradicar la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas, garantizando su protección efectiva bajo conducción del Estado. • Recuperar y restaurar territorios degradados por actividades ilegales, priorizando ecosistemas estratégicos y zonas de alto valor ambiental. • Fortalecer el sistema de fiscalización y sanción ambiental, reduciendo la impunidad y desarticulando redes criminales ambientales.
Débil protección de la biodiversidad, causada por un modelo de desarrollo depredador, la expansión de actividades extractivas sin control, la insuficiente presencia del Estado y la mercantilización de la naturaleza, que ponen en riesgo ecosistemas estratégicos y el patrimonio biológico del país.
Conservar y recuperar las especies y ecosistemas estratégicos del país, fortaleciendo la protección efectiva del patrimonio biológico nacional, ampliando las Áreas Naturales Protegidas bajo liderazgo del Estado y garantizando una gestión soberana, sostenible y con participación de las comunidades.
• Porcentaje del territorio nacional bajo protección efectiva (Áreas Naturales Protegidas) • Número de ecosistemas estratégicos con planes de conservación implementados • Número de especies protegidas con acciones de conservación activa • Presupuesto público destinado a la conservación de la biodiversidad
• Ampliar progresivamente las Áreas Naturales Protegidas hasta cubrir aproximadamente el 30 % del territorio nacional, fortaleciendo su gestión y control efectivo. • Implementar planes de conservación en ecosistemas estratégicos y de alta biodiversidad, priorizando aquellos en mayor riesgo. • Incrementar la protección efectiva de especies amenazadas, articulando conservación científica, control estatal y participación comunitaria. • Fortalecer la capacidad del Estado para la gestión y defensa de la biodiversidad, consolidando la soberanía ecológica del país. • las ANP del 17 % al 30 % del territorio nacional
Pérdida acelerada de glaciares y creciente riesgo hídrico, como consecuencia del cambio climático, la depredación ambiental y la falta de planificación estatal, que amenazan las fuentes de agua, la seguridad alimentaria, la vida de las comunidades y el derecho humano al agua.
Garantizar la seguridad hídrica del país como derecho humano fundamental, mediante un enfoque integral de cuenca, la protección efectiva de glaciares, lagunas y fuentes de agua, y la gestión soberana y pública del recurso hídrico, asegurando acceso sostenible y equitativo para toda la población.
• Número de glaciares y lagunas con protección legal y control efectivo • Porcentaje de cuencas hidrográficas con planes de gestión integral implementados • Cobertura de acceso sostenible al agua potable (%) • Presupuesto público destinado a conservación de fuentes hídricas
• Proteger de manera efectiva las principales lagunas y glaciares del país, priorizando aquellas que abastecen a poblaciones, agricultura y ecosistemas estratégicos. • Implementar planes integrales de gestión de cuencas en todo el territorio nacional, fortaleciendo la rectoría del Estado sobre el agua. • Garantizar el acceso sostenible y seguro al agua potable para la población, reduciendo brechas territoriales y sociales. • Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático en materia hídrica, asegurando la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.
Contaminación de ríos, lagos y mar por aguas residuales urbanas e industriales, causada por la falta de inversión pública, la débil fiscalización ambiental y la permisividad del Estado frente a actividades contaminantes, que vulnera el derecho a la salud, al agua limpia y a un ambiente sano.
Tratar integralmente las aguas residuales urbanas e industriales, bajo liderazgo del Estado, para proteger los ecosistemas acuáticos y la salud pública, garantizando el derecho a un ambiente sano y poniendo fin a la contaminación sistemática generada por el modelo de desarrollo irresponsable.
• Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas • Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas • Número de plantas de tratamiento de aguas residuales operativas • Índice de calidad del agua en ríos, lagos y zonas costeras
• Garantizar el tratamiento total de las aguas residuales urbanas en las principales ciudades del país, priorizando aquellas con mayor población y carga contaminante. • Ampliar y modernizar la infraestructura pública de tratamiento de aguas residuales, asegurando operación sostenible y control estatal. • Reducir progresivamente la contaminación de ríos, lagos y mar, mejorando los indicadores de calidad del agua a nivel nacional. • Fortalecer la fiscalización y sanción a actividades industriales contaminantes, protegiendo la salud de la población y los ecosistemas acuáticos.
Contaminación del aire urbano, producto de un modelo de transporte desordenado, la débil regulación estatal de las emisiones industriales y vehiculares, y la priorización del transporte privado sobre el transporte público, que afecta gravemente la salud de la población, especialmente en las grandes ciudades.
Mejorar sustantivamente la calidad del aire y proteger la salud pública, mediante una regulación estricta de las emisiones contaminantes, el fortalecimiento del transporte público sostenible y la intervención activa del Estado para reducir las fuentes de contaminación urbana, garantizando el derecho a un ambiente sano
• Concentración promedio anual de material particulado fino (PM2.5) en zonas urbanas • Número de ciudades con monitoreo continuo y público de calidad del aire • Porcentaje de flota vehicular con estándares ambientales limpios • Incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a contaminación del aire
• Reducir de manera significativa los niveles de PM2.5 en las principales ciudades del país, priorizando Lima y las grandes áreas urbanas. • Implementar sistemas de monitoreo de calidad del aire en todas las ciudades principales, con información pública y control estatal. • Avanzar en la reconversión progresiva del transporte urbano hacia tecnologías limpias y transporte público masivo, reduciendo emisiones contaminantes. • Disminuir la carga de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire, como resultado de políticas ambientales y de transporte sostenibles.
Gestión inadecuada de los residuos sólidos, resultado del abandono estatal, la municipalización sin recursos, la informalidad y un modelo de consumo que traslada los costos ambientales a la población, generando botaderos, contaminación y riesgos para la salud pública.
Transitar hacia una economía circular y un sistema de residuos sólidos con enfoque de residuos cero, bajo rectoría del Estado, fortaleciendo la gestión pública, la responsabilidad extendida del productor y la valorización de residuos, para proteger la salud, el ambiente y el bienestar de la población.
• Porcentaje de residuos sólidos valorizados (reciclaje, reutilización, compostaje) • Número de botaderos erradicados y clausurados • Porcentaje de municipios con sistemas públicos integrales de gestión de residuos • Cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios formales
• Eliminar progresivamente los botaderos de residuos a nivel nacional, avanzando hacia su erradicación total antes del 2030. • Incrementar de manera sostenida la valorización de residuos sólidos, avanzando hacia que al menos la mitad de los residuos generados sean reciclados o reaprovechados. • Fortalecer la gestión pública de residuos sólidos en los gobiernos locales, con financiamiento, asistencia técnica y control estatal. • Consolidar un modelo de economía circular, reduciendo la presión sobre ecosistemas y mejorando la calidad ambiental y sanitaria de las ciudades
Alta dependencia de combustibles fósiles, resultado de un modelo energético concentrado y dependiente, que expone al país a choques externos, encarece la energía, profundiza la contaminación y limita la soberanía energética nacional.
Impulsar una transición energética justa y soberana, diversificando la matriz energética con energías renovables, fortaleciendo el control y la planificación estatal del sector energético, y garantizando acceso universal a energía limpia, segura y asequible para la población.
• Participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional (%) • Capacidad instalada de generación eléctrica renovable (MW) • Porcentaje de inversión pública en proyectos de energía renovable • Cobertura de acceso a energía eléctrica limpia y sostenible (%)
• Alcanzar una participación sustantiva de energías renovables en la matriz eléctrica nacional, avanzando hacia al menos 40 % de generación eléctrica renovable al 2031. • Incrementar la capacidad instalada de energías renovables, priorizando proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos de pequeña escala y energías limpias descentralizadas. • Fortalecer el rol del Estado en la planificación y conducción de la transición energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. • Garantizar acceso universal a energía limpia y asequible, especialmente en zonas rurales y amazónicas, como parte del derecho al desarrollo
Falta de ordenamiento territorial vinculante, que permite el uso desordenado del territorio, la superposición de actividades extractivas, la expansión de conflictos socioambientales y la subordinación de la planificación pública a intereses privados, debilitando la soberanía del Estado y la protección de las comunidades
Implementar un ordenamiento territorial ecológico y económico de carácter vinculante, bajo conducción del Estado, que oriente el uso del territorio de manera preventiva, soberana y sostenible, priorizando la protección de la vida, los ecosistemas, los derechos de las comunidades y el desarrollo nacional planificado
• Número y porcentaje de Zonas Económicas Ecológicas (ZEE) aprobadas e implementadas con carácter vinculante • Número de instrumentos de ordenamiento territorial articulados a la planificación nacional • Número de conflictos socioambientales activos vinculados al uso del territorio • Porcentaje de proyectos de inversión evaluados conforme al ordenamiento territorial
• Aprobar e implementar una Ley Marco de Ordenamiento Territorial de carácter vinculante, consolidando la rectoría del Estado sobre el uso del territorio. • Implementar Zonas Económicas Ecológicas vinculantes en todo el territorio nacional, articuladas a los planes de desarrollo regional y nacional. • Reducir progresivamente los conflictos socioambientales, mediante planificación preventiva y decisión pública soberana sobre el territorio. • Garantizar que los proyectos de inversión se adecúen al ordenamiento territorial, priorizando la protección ambiental, social y cultural.
Insuficiente educación y cultura ambiental, resultado de la ausencia de una política educativa integral, la débil incorporación del enfoque ambiental en el sistema educativo y la limitada participación social en la defensa del ambiente, lo que debilita la conciencia colectiva y la corresponsabilidad ciudadana.
Promover una ciudadanía ambiental crítica y organizada, fortaleciendo la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo y la participación social, bajo liderazgo del Estado, para la defensa del patrimonio natural, la sostenibilidad y el ejercicio consciente de los derechos ambientales.
• Porcentaje de instituciones educativas que incorporan educación ambiental en su currículo • Número de docentes capacitados en educación ambiental • Número de programas comunitarios de educación y vigilancia ambiental • Nivel de participación ciudadana en iniciativas ambientales locales
• Incorporar de manera obligatoria la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo nacional, fortaleciendo el currículo y la formación docente. • Capacitar progresivamente al personal docente en enfoque ambiental, garantizando calidad y pertinencia pedagógica. • Implementar programas comunitarios de educación y participación ambiental en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad ambiental. • Fortalecer la conciencia ambiental y la participación organizada de la ciudadanía, como base de la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible.
Dimensión Institucional
22 propuestas
Centralismo histórico y concentración del poder político, económico y fiscal en Lima, La distribución actual refleja que el presupuesto público tiene la siguiente: • Gobiernos Regionales: ˜ 18% – 22% • Gobiernos Locales (municipalidades): ˜ 25% – 30% • Gobierno Nacional: ˜ 50% – 55%
Descentralizar efectivamente el poder político, económico y fiscal, construyendo un Estado plurinacional que garantice la participación directa de las regiones y del pueblo en la toma de decisiones, incrementando significativamente el porcentaje de presupuesto anual otorgando a los gobiernos subnacionales y garantizando estrategias para un incremento en inversión pública y una disminución en gastos ordinarios.
• % del presupuesto nacional transferido a regiones y municipios equitativo • Número de competencias efectivamente transferidas. • % de inversión pública ejecutada por gobiernos regionales y locales
• Transferencia efectiva de competencias estratégicas a las 25 regiones Reducción significativa de brechas territoriales de inversión • Al menos 95 % del presupuesto de inversión pública asignado a las regiones y municipalidades, debidamente ejecutados anualmente.
Captura del Estado por intereses privados y andamiaje legal neoliberal de la Constitución de 1993
Desmontar el marco legal neoliberal de la Constitución de 1993, eliminando los candados constitucionales que protegen intereses privados y contratos lesivos al Estado, recuperando la capacidad soberana del Estado para planificar, intervenir, nacionalizar sectores estratégicos y redistribuir la riqueza en favor de las mayorías.
• Número de artículos constitucionales modificados o derogados • Número de contratos-ley revisados, renegociados o anulados • Participación del Estado en sectores estratégicos (%)
• Eliminación del total de los candados constitucionales neoliberales lesivos al Estado antes de 2030. • Revisión integral de 100 % de contratos estratégicos lesivos al Estado • Incremento de la participación estatal en sectores estratégicos clave.
Corrupción sistémica y débil capacidad sancionadora del Estado
Erradicar la corrupción estructural del Estado, fortaleciendo la independencia del sistema de justicia, el control y la fiscalización ciudadana, y sancionando efectivamente a funcionarios y grupos de poder que se benefician del saqueo de los recursos públicos.
• Número de casos de corrupción con sentencia firme • Tasa de sanción efectiva en casos graves (%) • Monto de activos públicos recuperados por corrupción (S/) • Tiempo promedio de resolución de casos de corrupción • Puntaje del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI)
• Incremento sostenido de sentencias firmes en casos de corrupción grave. • Recuperación efectiva de activos públicos provenientes de corrupción. • Reducción significativa del tiempo de investigación y sanción de delitos de corrupción. • Mejora sostenida del desempeño del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI).
Exclusión histórica de pueblos originarios y falta de reconocimiento del carácter plurinacional del país
Reconocer constitucionalmente al Perú como un Estado plurinacional, garantizando los derechos políticos, territoriales, culturales y de justicia comunal de los pueblos originarios andinos y amazónicos, como base de una democracia intercultural e inclusiva.
• % de funcionarios incorporados a regímenes meritocráticos • % de trámites digitalizados • Número de evaluaciones de desempeño realizadas
• Estado plurinacional reconocido en la Nueva Constitución • 100 % de pueblos originarios con mecanismos de representación • Justicia intercultural integrada al sistema nacional
Persistencia de una administración pública burocrática, ineficiente y capturada por prácticas clientelares heredadas del modelo neoliberal, caracterizada por privilegios, designaciones discrecionales y ausencia de criterios objetivos de idoneidad y compromiso con el interés público, lo que limita la capacidad del Estado para garantizar derechos, ejecutar políticas redistributivas y servir efectivamente al pueblo.
Transformar integralmente la administración pública para ponerla al servicio del interés general y del pueblo, erradicando prácticas clientelares y privilegios, estableciendo criterios objetivos de idoneidad, ética y responsabilidad pública, y fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar derechos y ejecutar políticas de justicia social.
• Porcentaje de funcionarios públicos sujetos a procesos regulares de evaluación y control del desempeño • Porcentaje de trámites y servicios públicos digitalizados • Número de evaluaciones integrales de desempeño institucional realizadas • Tiempo promedio de atención de trámites prioritarios al ciudadano
• 100 % de funcionarios públicos sujetos a evaluación de desempeño • Gobierno electrónico integral implementado al 2027 • Reducción sustantiva de la burocracia y tiempos de atención
Incremento sostenido de la criminalidad y los homicidios, como resultado de la exclusión social, la precarización económica, la débil presencia del Estado en los territorios y un enfoque de seguridad centrado históricamente en la represión antes que en la prevención y la justicia social.
Reducir estructuralmente la violencia y la criminalidad, mediante una política integral de seguridad ciudadana con enfoque preventivo y de derechos, basada en la inclusión social, la recuperación del control territorial por parte del Estado, el fortalecimiento de la seguridad pública democrática y la articulación intersectorial para atacar las causas sociales del delito.
• Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes • Tasa de victimización delictiva a nivel nacional (%) • Porcentaje de distritos con presencia efectiva de programas de prevención social del delito • Nivel de percepción de seguridad ciudadana (%)
• Reducir de manera sostenida la tasa de homicidios a nivel nacional, avanzando hacia una disminución significativa al 2031. • Disminuir progresivamente la tasa de victimización delictiva, priorizando los territorios con mayor incidencia de violencia. • Implementar programas integrales de prevención social del delito en todos los distritos de alta conflictividad, con participación comunitaria y enfoque territorial. • Incrementar la percepción de seguridad y confianza ciudadana en la seguridad pública, como resultado del fortalecimiento del Estado y la cohesión social.
Expansión del crimen organizado (sicariato, narcotráfico, extorsión y trata), asociada al debilitamiento del Estado, la captura de territorios por economías ilegales y la falta de control efectivo sobre circuitos financieros y redes criminales transnacionales.
Desarticular integral y sostenidamente las organizaciones criminales y las economías ilegales, recuperando el control territorial y estratégico del Estado, fortaleciendo la acción coordinada del sistema de justicia y seguridad, y atacando las estructuras financieras, logísticas y políticas que sostienen al crimen organizado.
• Número de organizaciones criminales desarticuladas • Valor de bienes y activos ilícitos incautados (S/) • Número de operaciones conjuntas de inteligencia y control territorial ejecutadas • Porcentaje de territorios críticos con presencia efectiva del Estado • Casos de crimen organizado con sentencia firme
• Desarticular al menos 200 organizaciones criminales de alto impacto antes del 2028, priorizando aquellas vinculadas a economías ilegales estratégicas. • Incrementar de manera sostenida la incautación y recuperación de bienes ilícitos, destinándolos a programas de seguridad, prevención y desarrollo social. • Recuperar progresivamente el control estatal en territorios capturados por el crimen organizado, mediante presencia integral del Estado. • Fortalecer la persecución penal del crimen organizado, incrementando los casos con sentencia firme y reduciendo la impunidad.
Débil capacidad operativa y presencia de prácticas de corrupción en la Policía Nacional, producto del abandono institucional, la falta de formación integral, el deterioro de las condiciones laborales y un modelo de seguridad desvinculado del control democrático y del interés público.
Fortalecer y reconstruir la Policía Nacional como una institución pública democrática, ética y al servicio del pueblo, elevando su capacidad operativa, profesionalización y presencia territorial, erradicando prácticas de corrupción y garantizando su subordinación al poder civil, el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana con enfoque preventivo.
• Número total de efectivos policiales en servicio activo • Número de policías por cada 1,000 habitantes • Porcentaje de efectivos con formación y capacitación continua certificada • Número de procesos disciplinarios y de control interno concluidos • Nivel de confianza ciudadana en la Policía Nacional (%)
• Incrementar progresivamente el número de efectivos policiales, fortaleciendo la presencia territorial del Estado, hasta alcanzar aproximadamente 200,000 efectivos al 2031. • Elevar la cobertura policial a niveles adecuados por población, avanzando hacia estándares que permitan una atención oportuna y preventiva. • Implementar un sistema integral de formación, capacitación y evaluación permanente, garantizando profesionalismo, ética pública y respeto a los derechos humanos. • Reducir sustancialmente las prácticas de corrupción dentro de la institución, fortaleciendo el control interno y la rendición de cuentas. • Incrementar la confianza ciudadana en la Policía Nacional, como resultado del fortalecimiento institucional y el servicio efectivo al pueblo.
Falta de coordinación efectiva entre la Policía Nacional, los gobiernos locales y el sistema de justicia, que fragmenta la acción del Estado, debilita el control territorial, reduce la eficacia en la lucha contra el delito y favorece la impunidad, especialmente en territorios de alta criminalidad.
Integrar y fortalecer el sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional, regional y local, articulando de manera efectiva a la Policía Nacional, los gobiernos subnacionales y el sistema de justicia bajo conducción del Estado, con enfoque territorial, preventivo y de derechos, para recuperar el control estatal y garantizar seguridad al pueblo.
• Porcentaje de distritos con comando unificado de seguridad ciudadana • Número de operativos conjuntos ejecutados entre PNP, gobiernos locales y justicia • Porcentaje de territorios críticos con presencia articulada del Estado • Tiempo de respuesta interinstitucional ante hechos delictivos
• Implementar comandos integrados de seguridad en la totalidad de distritos con alta criminalidad, garantizando patrullaje articulado y acción coordinada del Estado al 2031. • Incrementar sostenidamente los operativos conjuntos interinstitucionales, priorizando territorios críticos y economías ilegales. • Reducir los tiempos de respuesta ante hechos delictivos, mediante coordinación efectiva entre policía, municipios y justicia. • Consolidar un sistema nacional de seguridad ciudadana articulado, superando la fragmentación institucional heredada del modelo neoliberal.
Alta percepción de inseguridad y desconfianza ciudadana, consecuencia de la débil presencia del Estado en los territorios, la fragmentación de la acción pública, la corrupción institucional y un enfoque de seguridad desvinculado de la comunidad y de las necesidades reales del pueblo.
Recuperar la confianza ciudadana en la seguridad pública, fortaleciendo la presencia integral del Estado en los territorios, promoviendo la participación organizada de la comunidad y consolidando una seguridad ciudadana democrática, preventiva y al servicio del pueblo.
• Percepción de seguridad ciudadana en el barrio (%) • Nivel de confianza ciudadana en la Policía Nacional (%) • Porcentaje de barrios con organizaciones comunitarias de prevención activas • Frecuencia de acciones de seguridad con participación vecinal
• Incrementar de manera sostenida la percepción de seguridad ciudadana, avanzando hacia que una amplia mayoría de la población se sienta segura en su barrio al 2031. • Elevar progresivamente la confianza ciudadana en la Policía Nacional, como resultado del fortalecimiento institucional, la ética pública y el servicio efectivo a la comunidad. • Implementar mecanismos de participación comunitaria en seguridad ciudadana en los territorios de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo la prevención social del delito. • Consolidar una relación de cooperación entre Estado y comunidad, superando la desconfianza heredada del modelo de seguridad represivo y excluyente.
Persistente violencia contra la mujer y feminicidios, producto de relaciones sociales desiguales, debilidad de la respuesta estatal, impunidad estructural y un sistema de protección fragmentado que no garantiza prevención, atención oportuna ni justicia efectiva para las víctimas.
Prevenir, sancionar y erradicar integralmente la violencia de género y los feminicidios, garantizando protección efectiva, justicia oportuna y reparación a las víctimas, mediante una acción articulada del Estado con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y responsabilidad pública.
• Tasa de feminicidios a nivel nacional • Porcentaje de denuncias de violencia de género con medidas de protección dictadas • Tiempo promedio de respuesta estatal para la protección de víctimas • Número de casos de violencia de género con sentencia firme
• Reducir de manera sostenida y progresiva la incidencia de feminicidios a nivel nacional, priorizando territorios de mayor riesgo. • Garantizar que la gran mayoría de denuncias por violencia de género cuenten con medidas de protección oportunas, implementadas en plazos breves. • Reducir los tiempos de respuesta del Estado en la atención y protección de víctimas, fortaleciendo servicios especializados y presencia territorial. • Incrementar la sanción efectiva de los delitos de violencia de género, reduciendo la impunidad y fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia.
Insuficiente prevención social del delito juvenil, causada por la exclusión económica, la falta de oportunidades educativas, culturales y laborales, la precarización de la vida juvenil y la débil presencia del Estado en los territorios, lo que expone a miles de jóvenes a circuitos de violencia y criminalidad.
Prevenir la delincuencia juvenil desde un enfoque de inclusión social y derechos, garantizando a la juventud acceso efectivo a educación, cultura, deporte, empleo digno y oportunidades de desarrollo integral, mediante políticas públicas articuladas y presencia activa del Estado en los territorios.
• Número de jóvenes incorporados a programas integrales de prevención social • Porcentaje de jóvenes en situación de riesgo atendidos por programas del Estado • Número de programas preventivos implementados a nivel nacional y territorial • Tasa de participación juvenil en actividades educativas, culturales y deportivas públicas
• Incorporar progresivamente a un número significativo de jóvenes en situación de riesgo a programas integrales de prevención social, priorizando territorios con alta incidencia delictiva. • Implementar programas de prevención juvenil en todos los distritos de alta vulnerabilidad, articulando educación, cultura, deporte y empleo. • Reducir la incidencia de delitos cometidos por jóvenes, como resultado de políticas sostenidas de inclusión social. • Fortalecer la participación juvenil en espacios comunitarios y productivos, promoviendo el protagonismo de la juventud en la construcción de seguridad y convivencia.
Espacios públicos deteriorados e inseguros, consecuencia del abandono estatal, la falta de planificación urbana, la desigualdad territorial y la exclusión social, que debilitan la convivencia comunitaria y favorecen la violencia y el delito en barrios populares.
Recuperar y transformar los barrios y espacios públicos como territorios de convivencia, organización popular y prevención social del delito, mediante inversión pública, planificación urbana con enfoque social y participación activa de la comunidad, garantizando el derecho a la ciudad y a entornos seguros para el pueblo.
• Número de barrios y espacios públicos recuperados integralmente • Número de jóvenes y vecinos beneficiarios de programas comunitarios • Número de programas de prevención social y convivencia implementados • Porcentaje de barrios intervenidos con participación organizada de la comunidad
• Recuperar progresivamente barrios y espacios públicos en territorios de mayor vulnerabilidad, priorizando zonas con alta incidencia delictiva. • Incorporar de manera sostenida a jóvenes y comunidades organizadas en programas de prevención y convivencia, fortaleciendo el tejido social. • Implementar programas comunitarios de cultura, deporte y organización vecinal en los barrios intervenidos. • Contribuir a la reducción de la violencia y la percepción de inseguridad, como resultado de la presencia estatal y la acción comunitaria.
Débil infraestructura tecnológica de seguridad ciudadana, producto del abandono estatal, la fragmentación institucional y la falta de planificación pública, que limita la capacidad de prevención, respuesta oportuna ante emergencias y control territorial efectivo del Estado.
Modernizar la seguridad ciudadana bajo conducción estatal, fortaleciendo la infraestructura tecnológica pública, los sistemas de videovigilancia, la respuesta integrada ante emergencias y la inteligencia preventiva, garantizando control público, uso soberano de la tecnología y protección de los derechos ciudadanos.
• Porcentaje de distritos con sistemas públicos de videovigilancia integrados • Tiempo promedio de respuesta ante emergencias • Número de centros de monitoreo y control integrados a nivel nacional y regional • Porcentaje de distritos conectados al sistema nacional de atención de emergencias
• Implementar sistemas públicos integrados de videovigilancia en la totalidad de distritos críticos, bajo control estatal y articulación interinstitucional, al 2031. • Consolidar un sistema nacional único de atención de emergencias, garantizando cobertura progresiva en todo el territorio nacional. • Reducir de manera sostenida los tiempos de respuesta ante emergencias, mediante modernización tecnológica y coordinación operativa. • Fortalecer la inteligencia preventiva y el control territorial del Estado, utilizando tecnología pública al servicio de la seguridad ciudadana.
Alta reincidencia delictiva, resultado de un sistema penitenciario orientado al castigo y no a la resocialización, con escasa oferta educativa y productiva, abandono estatal post-penitenciario y exclusión social que reproduce el ciclo del delito.
Fortalecer la resocialización y reinserción social de la población penitenciaria, garantizando programas educativos, productivos y de formación laboral bajo responsabilidad del Estado, como parte de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y justicia social.
• Tasa de reincidencia delictiva (%) • Porcentaje de personas privadas de libertad incorporadas a programas educativos • Porcentaje de internos participantes en programas productivos y laborales • Número de centros penitenciarios con programas integrales de resocialización
• Reducir de manera sostenida la tasa de reincidencia delictiva a nivel nacional, como resultado de políticas efectivas de resocialización. • Ampliar significativamente la cobertura de programas educativos y productivos en los centros penitenciarios, priorizando la formación laboral y técnica. • Implementar programas integrales de reinserción social, incluyendo acompañamiento post-penitenciario y articulación con empleo y educación. • Reorientar el sistema penitenciario hacia la rehabilitación y la justicia social, superando el enfoque punitivo heredado del modelo neoliberal.
Falta de autonomía y visión estratégica en la política exterior, expresada en una inserción internacional subordinada, dependiente de agendas externas y carente de una defensa firme de la soberanía nacional, los intereses estratégicos del Estado y la autodeterminación de los pueblos.
Reafirmar la soberanía, independencia y autodeterminación de la política exterior peruana, construyendo una diplomacia soberana, no alineada y activa, orientada a la defensa del interés nacional, la integración regional solidaria, el multilateralismo democrático y el protagonismo del Perú en el escenario internacional.
• Número de posicionamientos internacionales soberanos adoptados por el Estado peruano • Nivel de participación del Perú en foros multilaterales estratégicos • Número de iniciativas diplomáticas propias impulsadas por el Perú • Reconocimientos y liderazgos asumidos por el Perú en espacios multilaterales
• Consolidar una política exterior soberana y no alineada al 2031, basada en la autodeterminación de los pueblos y la defensa del interés nacional. • Posicionar al Perú como actor propositivo en foros multilaterales regionales y globales, impulsando iniciativas propias en materia política, económica, social y ambiental. • Incrementar sostenidamente la participación activa del Perú en espacios multilaterales estratégicos, con liderazgo diplomático y agenda propia. • Fortalecer el reconocimiento internacional del Perú como Estado soberano, independiente y comprometido con el multilateralismo democrático.
Pérdida del liderazgo regional del Perú y debilitamiento de la integración latinoamericana, como resultado del abandono de mecanismos de integración soberana, la subordinación a agendas externas y la ausencia de una política exterior regional activa y solidaria.
Recuperar el liderazgo regional del Perú e impulsar una integración latinoamericana soberana, solidaria y multipolar, fortaleciendo los mecanismos de concertación política, cooperación regional y articulación económica, en defensa de la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo común de la región.
• Participación activa del Perú en mecanismos de integración regional (UNASUR, CELAC, CAN) • Número de iniciativas políticas, económicas y sociales regionales impulsadas por el Perú • Número de proyectos de cooperación regional liderados o co-liderados por el Perú • Número de cumbres y espacios de concertación regional organizados o presididos por el Perú.
• Reincorporación plena del Perú a UNASUR al 2026, como mecanismo de integración soberana sudamericana. • Ejercer liderazgo activo y propositivo en CELAC y CAN al 2031, con agenda propia y posiciones soberanas. • Impulsar al menos 5 iniciativas regionales estratégicas lideradas por el Perú en materia de integración política, cooperación económica, salud, educación o infraestructura regional. • Posicionar al Perú como actor clave en la articulación latinoamericana, promoviendo la unidad regional frente a desafíos globales.
Dependencia de alianzas unilaterales y limitada diversificación internacional, que ha subordinado la política exterior peruana a intereses geopolíticos ajenos, restringiendo la autonomía del Estado y desaprovechando las oportunidades de cooperación con el mundo multipolar.
Diversificar soberanamente las relaciones exteriores del Perú en un mundo multipolar, fortaleciendo vínculos políticos, económicos, culturales y de cooperación bajo el principio de no alineamiento activo, autodeterminación de los pueblos y defensa del interés nacional.
• Número de nuevas misiones diplomáticas abiertas en regiones estratégicas • Número de acuerdos de cooperación política, económica, científica y cultural suscritos • Número de socios estratégicos no tradicionales incorporados a la política exterior peruana • Participación del Perú en mecanismos de cooperación Sur–Sur y multipolar
• Apertura de al menos 10 nuevas misiones diplomáticas al 2031, priorizando Asia, África, Eurasia y Medio Oriente. • Ampliar sustantivamente la cooperación activa del Perú con países del Sur Global, diversificando socios estratégicos más allá de los bloques tradicionales. • Incrementar la suscripción de acuerdos de cooperación Sur–Sur, en áreas clave como energía, ciencia, salud, educación e infraestructura. • Consolidar una política exterior multipolar y no alineada, con presencia efectiva del Perú en espacios internacionales alternativos y soberanos.
Vulneración de la soberanía nacional en materia de defensa y economía, producto de la presencia e injerencia extranjera, la firma de tratados lesivos al interés nacional y la pérdida de control estatal sobre decisiones estratégicas y recursos fundamentales.
Defender y restituir la soberanía nacional en los ámbitos militar, económico y de los recursos estratégicos, garantizando el control estatal sobre decisiones fundamentales, eliminando mecanismos de subordinación externa y afirmando la autonomía del Perú en el marco del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
• Existencia de presencia militar extranjera en territorio nacional (sí/no) • Número de tratados internacionales y acuerdos estratégicos auditados • Número de controversias territoriales y jurídicas resueltas conforme al derecho internacional • Grado de control estatal sobre sectores y recursos estratégicos (normativo/institucional)
• Aprobación de la Ley de Neutralidad Militar del Estado Peruano al 2026, prohibiendo bases militares extranjeras permanentes y garantizando independencia en defensa. • Auditoría integral y soberana de los Tratados de Libre Comercio y acuerdos estratégicos antes del 2028, con revisión de cláusulas lesivas al interés nacional. • Ejecución plena y cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en defensa del territorio y la soberanía nacional. • Fortalecimiento del control estatal sobre decisiones estratégicas en defensa y economía, asegurando autonomía decisoria del Estado.
Escasa participación de los pueblos indígenas y ausencia del enfoque plurinacional e intercultural en la política exterior, lo que reproduce una diplomacia excluyente, monocultural y desvinculada de la diversidad histórica y cultural del país.
Escasa participación de los pueblos indígenas y ausencia del enfoque plurinacional e intercultural en la política exterior, lo que reproduce una diplomacia excluyente, monocultural y desvinculada de la diversidad histórica y cultural del país.
• Existencia de un órgano especializado en diplomacia plurinacional (sí/no) • Número de agendas diplomáticas con participación de pueblos indígenas • Número de agregadurías culturales indígenas creadas en el servicio exterior • Número de servicios consulares que incorporan atención intercultural y lenguas originarias
• Creación de la Dirección de Diplomacia Plurinacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores al 2026. • Implementación de agregadurías culturales indígenas en embajadas estratégicas antes del 2030. • Incorporación progresiva de servicios consulares interculturales, incluyendo atención en lenguas originarias, en misiones diplomáticas priorizadas. • Participación regular de representantes de pueblos indígenas en agendas y foros internacionales, en coordinación con el Estado.
Débil diplomacia cultural, educativa y científica, subordinada a agendas externas y sin una estrategia soberana que proyecte la identidad nacional, la diversidad cultural y el desarrollo científico del país en el escenario internacional.
Fortalecer la diplomacia cultural, educativa y científica como instrumento de soberanía nacional, integración de los pueblos y proyección internacional de la identidad pluricultural del Perú, promoviendo el intercambio de saberes, la cooperación académica y la ciencia al servicio del desarrollo nacional.
• Convenios culturales y Número de convenios culturales y educativos internacionales suscritos • Número de programas de intercambio académico y científico activos • Número de eventos culturales internacionales promovidos por el Estado peruano • Participación de instituciones públicas de educación e investigación en redes internacionales • suscritos • Intercambios académicos realizados • Eventos culturales internacionales
• Suscripción de más de 200 convenios culturales, educativos y científicos internacionales al 2030, priorizando cooperación Sur–Sur y regional. • Implementación anual del Festival Internacional de Culturas Andino-Amazónicas, como espacio de proyección cultural soberana del Perú. • Incremento sostenido de intercambios académicos y científicos, con participación de universidades públicas e institutos nacionales de investigación. • Posicionamiento de la cultura y la ciencia como ejes permanentes de la política exterior peruana.
Insuficiente cooperación Sur–Sur para el desarrollo, producto de una política exterior subordinada y poco orientada a la solidaridad internacional, la complementariedad productiva y el intercambio soberano de conocimientos y tecnologías.
Impulsar una cooperación internacional solidaria para el desarrollo soberano, priorizando la cooperación Sur–Sur, la complementariedad entre pueblos y el intercambio técnico, científico y productivo, en beneficio del desarrollo nacional y la integración de los países del Sur Global.
• Número de programas de cooperación Sur–Sur implementados • Número de misiones solidarias internacionales ejecutadas por el Estado peruano • Número de proyectos de cooperación técnica activa con países del Sur Global • Sectores estratégicos beneficiados por la cooperación internacional solidaria
• Implementación del Programa “Misiones Solidarias Perú” al 2027, como política permanente de cooperación internacional soberana. • Ejecución sostenida de misiones solidarias y proyectos de cooperación técnica con países de América Latina, África y Asia. • Fortalecimiento de la cooperación Sur–Sur en sectores estratégicos como salud, educación, energía, agricultura y gestión de recursos naturales. • Posicionamiento del Perú como actor solidario y soberano en el Sur Global, sin subordinación a agendas hegemónicas.
Propuestas destacadas
Garantizar los derechos sociales fundaméntales como responsabilidad indelegable del Estado, asegurando acceso universal,…
Problema: Déficit de servicios sociales básicos (educación, salud, agua potable y saneamiento)
Transformar el modelo económico primario-exportador hacia una Economía Popular con Mercados, con un Estado planificador,…
Problema: Modelo económico primario-exportador, concentrado y vulnerable a choques externos
Proteger el patrimonio natural y fortalecer la resiliencia climática del país, mediante el liderazgo activo del Estado, …
Problema: Alta vulnerabilidad climática y degradación ambiental, producto de un modelo extractivista y depredador que priorizó el lucro privado sobre la protección de la naturaleza, debilitó la capacidad del Es
Descentralizar efectivamente el poder político, económico y fiscal, construyendo un Estado plurinacional que garantice l…
Problema: Centralismo histórico y concentración del poder político, económico y fiscal en Lima, La distribución actual refleja que el presupuesto público tiene la siguiente: • Gobiernos Regionales: ˜ 18% – 22%