Candidato(a) presidencial por PARTIDO SICREO en las Elecciones Generales del Perú 2026.
Plan de gobierno
15 propuestas en 4 dimensiones — Fuente: JNE
Dimensión Social
4 propuestas
Elevados niveles de inseguridad ciudadana y victimización a nivel nacional.
Implementar una estrategia integral de prevención del delito en tres niveles: primario (cultura, deporte, entorno urbano), secundario (trabajo con grupos de riesgo) y terciario (programas de salida del delito y reinserción).
Tasa de Victimización (Enero-Junio 2024) del 27.7% y Percepción de Inseguridad (2024) del 86.1%, según datos del INEI.
Recuperar e iluminar espacios públicos en los 20 distritos más peligrosos del país, fomentar la empleabilidad juvenil, masificar el deporte y la cultura, e intervenir en pandillas mediante programas de acompañamiento psicológico y nivelación académica.
Alta prevalencia de la anemia infantil y deficiencias en el sistema de salud.
Erradicar la anemia y brindar asistencia social a madres durante la gestación y el parto, a través de una política de Estado de movilización social en coordinación con organizaciones de base.
La desnutrición materno-infantil como principal problema de salud pública. En 2023, se encontraron 27,567 gestantes desnutridas en 8,084 centros de salud del MINSA.
Eliminar en más del 90% la anemia infantil en cinco años de gobierno e institucionalizar la prevención de la desnutrición materno-infantil a nivel nacional.
Baja calidad educativa y brecha de infraestructura en el sector.
Implementar un programa de Bono Educativo para que las familias elijan dónde canjearlo, condicionando a los centros escolares a estándares de rendimiento pedagógico medibles y progresivos.
Brecha de infraestructura educativa superior a S/ 158,000 millones (marzo 2025). El 91% de los peruanos considera que la calidad educativa no ha mejorado recientemente.
Iniciar con un plan piloto focalizado, expandirlo a zonas de baja calidad educativa, evaluar resultados y competitividad, para finalmente alcanzar la universalización y autonomía escolar en un plazo de cinco años.
Crecimiento urbano informal y déficit habitacional a nivel nacional.
Fomentar la inversión pública en desarrollo urbano para poblaciones vulnerables, en colaboración con el sector privado, proporcionando incentivos para que este impulse el cierre de brechas de vivienda.
Déficit habitacional que supera los 1.9 millones de hogares a mediados de 2025. Históricamente, más del 90% de la expansión urbana en el Perú ha sido informal.
Promover la construcción de nuevas viviendas y servicios públicos, asegurando los beneficios directos e indirectos de acceder a una vivienda digna, como agua, desagüe y educación.
Dimensión Económica
4 propuestas
Elevada tasa de informalidad en la economía y el mercado laboral.
Crear cinco millones de empleos formales nuevos en un período de cinco años, de forma transversal en todos los sectores, con énfasis en la industrialización.
Se estima que el 71.1% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, lo que representa más de 12.4 millones de personas.
Impulsar parques industriales en Zonas Económicas Especiales, la transformación de materias primas, culminar proyectos de irrigación y unificar los regímenes laborales.
Paralización de grandes proyectos de infraestructura y conectividad.
Desbloquear los grandes proyectos de infraestructura emblemáticos en cada región del Perú para generar un efecto multiplicador en la economía y la creación de empleo formal.
La crisis de obras en ejecución genera pérdidas anuales de S/ 43,555 millones. Al cierre de 2025, se estima que cerca de 21,600 proyectos públicos presentan ejecución cero o están detenidos.
Reactivar la inversión estancada de más de USD 30,000 millones a nivel nacional, priorizando proyectos de irrigación, seguridad alimentaria, energía y minería sostenible.
Desarticulación de la agricultura de la sierra de los circuitos comerciales internacionales.
Extender el modelo agroexportador de la costa a la agricultura de la sierra, promoviendo la asociatividad, la conectividad y el uso de tecnología para potenciar la productividad.
El 73% de la población rural no tiene acceso a redes de alcantarillado. La falta de infraestructura de riego tecnificado hace que el sector sea altamente vulnerable a factores climáticos.
Implementar riego tecnificado, programas de siembra y cosecha de agua en los Andes, mecanización del agro, y mejorar la asociatividad, gestión comercial y la infraestructura logística.
Sistema tributario complejo con impuestos antitécnicos que generan distorsiones.
Simplificar y reducir impuestos antitécnicos de forma sustentada, como el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), para reducir la informalidad y la corrupción.
La tasa de informalidad laboral alcanza el 71.1%, afectando a más de 12 millones de peruanos que laboran sin beneficios sociales ni protección legal.
Realizar simplificaciones tributarias en un marco legal y financiero que no descuide el balance fiscal, con el objetivo de reducir la informalidad al 45% para el año 2031.
Dimensión Ambiental
3 propuestas
Incumplimiento de los compromisos ambientales y falta de adaptación al cambio climático.
Cumplir con los compromisos ambientales asumidos por el Perú y desarrollar políticas de adaptación social frente a eventos extremos, en una visión de transición energética compatible con el desarrollo sostenible.
El Perú ha logrado cumplir plenamente solo el 38.2% de los indicadores establecidos en la Agenda 2030, ocupando el puesto 65 de 167 en el índice global de cumplimiento.
Alinear las políticas nacionales con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050.
Escasez de agua en la sierra para la agricultura y la subsistencia de las comunidades.
Implementar un programa de siembra y cosecha de agua en la sierra para poner en valor tierras eriazas, combatir la deforestación y transformar áreas áridas en productivas mediante la construcción de zanjas de infiltración y reforestación.
El 70% de la agricultura de la sierra depende de la lluvia (secano) y más de 2.2 millones de familias campesinas se encuentran en situación de riesgo e inseguridad alimentaria.
Construir 1,500 qochas (reservorios rústicos) anuales hasta alcanzar 7,500 para 2030, e implementar 50,000 kilómetros de zanjas de infiltración para finales de 2027.
Contaminación ambiental y deforestación causadas por la minería ilegal e informal.
Perseguir los insumos químicos, principalmente mercurio, utilizados por la minería ilegal e informal, mediante un Código Único de Importación que permita rastrear su destino final.
La minería ilegal consume entre 180 y 200 toneladas de mercurio al año y ha causado la pérdida de más de 230,000 hectáreas de bosque virgen en la Amazonía peruana.
Reducir en un mínimo del 50% la minería ilegal a través del control de insumos químicos y desarrollar proyectos de reforestación sostenible en las zonas más afectadas.
Dimensión Institucional
4 propuestas
Corrupción generalizada y desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado.
Nombrar un Zar Anticorrupción para implementar y dirigir un programa de Inteligencia y Gobierno Digital que haga seguimiento a la información patrimonial y sirva para la fiscalización ciudadana.
El Perú descendió al puesto 127 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, perdiendo 5 puntos en dos años, lo que pone en riesgo el proceso de adhesión a la OCDE.
Designar al Zar Anticorrupción y lograr la interoperabilidad total del Gobierno Digital con bases de datos críticas (SUNAT, SUNARP, SBS, RENIEC, SEACE) para diciembre de 2026.
Estructura estatal ineficiente con duplicidad de funciones y una excesiva cantidad de ministerios.
Crear Super-Ministerios integrando direcciones y reparticiones para afianzar la incidencia social del Estado, generar sinergias y evitar duplicidades, dispendio y corrupción.
El Perú sufre de "inflación normativa" según la OCDE y cuenta con 19 carteras ministeriales, a diferencia de países desarrollados que gestionan áreas críticas con 10 o 12.
Realizar una reestructuración gradual y constante del Estado, creando entre 5 y 7 supraministerios, y fusionando competencias y entidades para mejorar la eficiencia.
Inexistencia de un servicio civil unificado y meritocrático, con múltiples regímenes laborales precarios.
Unificar los regímenes del servicio civil bajo estándares de meritocracia y formación, con un enfoque en el ciudadano como cliente.
La reforma del servicio civil se encuentra estancada, con más de 15 regímenes distintos y 300,000 trabajadores en la modalidad CAS en condiciones de precariedad.
Lograr que el 100% del servicio civil transite a un único régimen bajo el esquema de la Ley Servir, con una estructura salarial unificada y evaluación por rendimientos.
Brecha digital y procesos administrativos complejos que obstaculizan la inversión y la gobernanza.
Promover la simplificación, digitalización y agilización de los procesos, la ventanilla única y el silencio administrativo positivo, capacitando a los funcionarios para su correcta implementación.
Según el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), 1,829 de 1,891 comunas a nivel nacional requieren capacitación o asistencia técnica para sus funciones.
Reducir drásticamente los tiempos y costos de los procedimientos administrativos y capacitar a los funcionarios públicos en el uso de nuevas tecnologías para la implementación del Plan de Gobierno Digital Nacional.