ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEON

Carencia de espacios seguros y accesibles para la práctica deportiva, lo que contribuye a que los jóvenes estén expuestos a influencias negativas, violencia y criminalidad.

Contar con una nueva ley que promueva y garantice la práctica de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física para la población en general, permitiendo implementar las políticas nacionales vigentes.

Falta de condiciones apropiadas de urbanismo que no permiten una adecuada identificación de terrenos y su titulación para realizar emprendimientos urbanos de calidad.

Establecer las condiciones necesarias para promover y satisfacer la demanda nacional de viviendas, desarrollando una oferta con construcciones dignas, seguras, ecoamigables y costo-eficientes.

Baja calidad de aprendizaje, altas tasas de ausentismo escolar, especialmente en áreas rurales, y una carencia nutricional que afecta el aprendizaje de los alumnos.

Lograr el acceso a una educación de calidad libre de injerencia política, que inculque valores, permita un desarrollo competitivo y promueva las condiciones para integrar a la juventud a un proyecto común de país.

Sistema de salud ineficiente, inhumano y con un bajo nivel de inversión, lo cual repercute negativamente en la calidad y cantidad de infraestructura y abastecimiento de insumos médicos.

Lograr un sistema de salud más eficiente, integral y accesible, con énfasis en la promoción y prevención de la salud, cuyo pilar sea la Atención Primaria de la Salud.

La rigidez en las condiciones de empleo y el alto costo de la carga laboral no incentivan a las empresas a contratar ni a la fuerza laboral informal a ingresar al mercado formal.

Realizar una canasta de inversiones y destrabes de grandes proyectos de infraestructura cuya prioridad sea la integración del país hacia la competitividad y generación de empleo.

Limitado aprovechamiento sostenible del potencial turístico del Perú, reflejando barreras estructurales y de gestión que impiden transformar dicho potencial en beneficios económicos, sociales y culturales.

Declarar el turismo sostenible como Política Nacional de primera prioridad, constituyendo un eje transversal de desarrollo económico, social, cultural y ambiental del país.

Fragmentación en la propiedad de la tierra, lo que restringe la adecuación a una producción normalizada, a escala y competitiva, característico de la agricultura familiar de autoconsumo.

Establecer políticas para cada uno de los cuatro segmentos productivos del sector agrario, conociendo sus fortalezas y debilidades, para lograr un país agrario y competitivo.

Dependencia de la exportación de materias primas y minerales, lo que genera vulnerabilidad ante la fluctuación de precios internacionales y conflictos internos.

Replantear el modelo exportador, pasando de una exportación basada en industrias extractivas a una diversificada con mayor valor agregado, manteniendo las fortalezas actuales y añadiendo tecnología, conocimiento y servicios.

Depredación de la Amazonía debido a la tala ilegal y la extracción de oro, lo que ocasiona daños de gran magnitud a los bosques naturales.

Poner en marcha el Plan de Desarrollo Forestal Sostenible, destinado a concesionar las áreas taladas y deforestadas a empresas formales dispuestas a participar en la cadena de valor de la reforestación y comercialización sostenible.

La legislación actual no contempla sanciones suficientemente severas para los delitos cometidos contra el medio ambiente, en proporción a los daños y consecuencias de dichas acciones.

Establecer sanciones más severas para los delitos contra el medio ambiente, acordes a los daños y consecuencias de las acciones que infrinjan las condiciones establecidas.

Actividades como la minería y la tala ilegal, junto con el tratamiento y disposición de residuos, afectan las vías fluviales y lagos del país.

Reforzar la política de protección ambiental, considerando la reforestación con especies nativas y el control irrestricto sobre actividades que depredan la selva, las cuencas y los valles andinos.

Las actividades humanas generan un impacto negativo en los ecosistemas fronterizos, los cuales a menudo son frágiles y únicos.

Minimizar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas fronterizos, fomentando la economía local a través del desarrollo de industrias sostenibles y la promoción del turismo responsable.

Altos índices de percepción de inseguridad y victimización que demuestran el fracaso de las políticas de seguridad ciudadana, junto a una desconfianza generalizada en la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Restablecer el principio de respeto a la autoridad y reestructurar el sistema de normas y decisiones en un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Fragmentación de las políticas públicas, con ciclos de improvisación, duplicidad y debilidad institucional, donde las acciones dependen de voluntades políticas temporales y no de evidencia o planificación.

Fortalecer la matriz estratégica y racionalizar el diseño de políticas mediante órganos especializados, la fusión de entidades superpuestas y el uso de información objetiva y modelos prospectivos.

Existencia de barreras burocráticas, con prácticas y requisitos injustificados que dificultan el acceso de ciudadanos y empresas a servicios y derechos esenciales, respondiendo a una cultura de duplicidades y sobrecostos.

Modernizar y automatizar los procesos de la administración pública para cambiar la forma en que el Estado interactúa con los ciudadanos, eliminando procedimientos antiguos y redundantes.

Pérdida de confianza de la población en la administración de justicia, debido a un sistema que se ha parcializado con determinadas tendencias políticas, originando la pérdida de imparcialidad.

Impulsar la reforma del sistema de administración de justicia a través de una Comisión de Alto Nivel, adoptando acciones urgentes para disminuir la provisionalidad y designar jueces y fiscales titulares.